16 de Marzo de 2021
A ocho meses que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera recomendaciones al Gobierno de Tabasco por la deficiencias que vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios de la entidad, la Administración Estatal, no ha hecho nada para acatarlas y mejorar la calidad de vida de las reclusas advirtió la Diputada Dolores Gutiérrez Zurita.
La legisladora señaló que las recomendaciones 10/2020 y 11/2020 hechas al ejecutivo estatal son el resultado de las vistas que realizó la CNDH al CRESET de Villahermosa y a los Centros de Readaptación Social de los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Huimanguillo, donde le puntualizaron al Gobierno del Estado, la necesidad de una prisión destinada exclusivamente para la población femenil y mejorar las deficientes condiciones en las que se encuentran las áreas destinadas a las mujeres reclusas, muchas de las cuales habitan con sus hijos e hijas menores que viven ahí, en iguales condiciones.
Durante su participación en Asuntos Generales demos Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, la legisladora de oposición, señaló que a decir de la CNDH, por la vulnerabilidad en que viven las mujeres en los centros penitenciarios mixtos, el Gobierno de Tabasco incumple el artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Federal, faltando a los derechos humanos, sin procurar el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social. También infringe el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) ya que las mujeres no cumplan sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres.
Tras cuestionar el desacato del Gobierno del Estado a las recomendaciones de la CNDH, Gutiérrez Zurita demandó al Ejecutivo Estatal dejar la soberbia y atender las deficiencias que el Organismo Nacional defensor de los Derechos Humanos le señaló desde Junio del 2020, y a sus compañeros legisladores, solicitó asumir una actitud rigorista ante la irresponsabilidad del Gobierno para cumplir con dichas sentencias que marcaban un plazo de 6 meses (vencido en Diciembre de 2020) para asignar recursos presupuestales, materiales y humanos para el funcionamiento de un establecimiento específico para las mujeres privadas de su libertad, cuya titular debería ser mujer, así como personal femenino en las diversas áreas, e incluir infraestructura y equipamiento para garantizar estancia digna y segura para ellas y sus hijas e hijos.
Un plazo de 6 meses para emprender acciones para garantizar su derecho a la reinserción social, el trabajo productivo remunerado y capacitación en actividades que le fuesen útiles cuando obtuvieran su libertad. Así mismo, la CNDH dio un plazo de máximo de 3 meses (vencido en Septiembre de 2020) para iniciar programas de capacitación continua con perspectiva de género para el personal que se destine a la atención de las reclusas y se designara a una persona pública de alto nivel de decisión como enlace con la Comisión Nacional y dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas.
Por último recordó que al inicio de la LXIII Legislatura siendo Presidenta de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, Igual de Género y Asuntos de la Frontera Sur, acompañada de la Diputada Secretaria Katia Ornelas Gil, recorrieron las instalaciones del CRESET en sus áreas femenil y varonil, donde comprobaron las pésimas condiciones en las que vivían las y los internos, y que incluso en Tribuna expusieron algunas recomendaciones para mejorar la vida de las y los reclusos, sin que lamentablemente encontraran eco en sus homólogos.
